Régimen legal de la intervención del Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder Ejecutivo
ARTICULO 1º Modifícase el artículo 3º de la ley 26.122 que quedará redactado de la siguiente manera:
ARTICULO 3º - La Comisión Bicameral Permanente está integrada por quince (15) diputados y quince (15) senadores, designados por el Presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas. Se designarán igual número de suplentes, que asumirán el cargo en caso de ausencia permanente o transitoria del titular.
ARTICULO 10º bis. En el mensaje que acompaña el decreto, el Poder Ejecutivo deberá fundamentar las circunstancias excepcionales que hicieron imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes y cuáles son los peligros y/o amenazas al interés público, personas o bienes que generan un grave riesgo social que ponen en peligro la existencia misma de la Nación.
Los decretos de necesidad y urgencia deberán ser numerados en forma separada de los demás decretos dictados por el Poder Ejecutivo.
En caso de receso parlamentario, Poder Ejecutivo, junto con el decreto de necesidad y urgencia deberá convocar a sesiones extraordinarias o incluir su tratamiento en el respectivo temario.
ARTICULO 3º Modifícase el artículo 18º de la ley 26.122 que quedará redactado de la siguiente manera:
ARTICULO 18. - En caso de que el Jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta ley, dicha Comisión se abocará de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles para dictaminar, se contará a partir del vencimiento del término establecido para la presentación del Jefe de Gabinete. En el supuesto de los decretos regulados por el artículo 10, la no remisión dentro del plazo establecido por la Constitución implica la nulidad del decreto.
ARTICULO 4º Modifícase el artículo 21º de la ley 26.122 que quedará redactado de la siguiente manera:
ARTICULO 21. - Elevado por la Comisión el dictamen al plenario de ambas Cámaras éstas deben darle expreso tratamiento dentro del plazo de 30 días. Si vencido dicho plazo el decreto no obtuviera aprobación legislativa expresa por parte de ambas Cámaras, quedará derogado.
En caso de receso parlamentario, la elevación del dictamen importa la convocatoria a sesión para el día hábil inmediato posterior.
ARTICULO 6º Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La recepción constitucional de los decretos de necesidad y urgencia se tornó en uno de los temas más controvertidos de la Convención Nacional Constituyente que dividió opiniones entre aquellos que se inclinaban por su reconocimiento y quienes se oponían por cuanto implicaban una exacerbación de las facultades del Poder Ejecutivo.
Esa situación se vio reflejada en los debates que se produjeron en el seno de la Convención. En ese sentido, el miembro informante del dictamen de la mayoría, el Convencional García Lema, explicaba la conveniencia de la regulación de los decretos de la siguiente forma: "Correspondió entonces discernir si era conveniente que los decretos de necesidad y urgencia se mantuviesen como una práctica paraconstitucional, reconocida por sectores importantes de la doctrina y de la jurisprudencia o si debían ser reglamentados en la propia Constitución. Se optó por esta segunda solución porque parece lógico que aun las cuestiones que ofrecen dificultades para su tratamiento constitucional, sean previstos en la ley fundamental, pese a los conflictos que se generen, antes de que existan prácticas paralelas al sistema constitucional. Esa fue la técnica de nuestros constituyentes de 1853/60 cuando proyectaron e incluyeron la institución del estado de sitio en nuestro sistema constitucional.
La ventaja principal de reglamentar los decretos de necesidad y urgencia en la Constitución es que permite delinearlos sujetos a determinados procedimientos que importarán profundas modificaciones respecto de las prácticas anteriores. Así la necesidad de que el presidente de la Nación deba dictarlos en acuerdo general de ministros; que el jefe de gabinete además de suscribir ese decreto deba exponerlo personalmente ante la Comisión Bicameral de control que se creará en esta materia; que luego la comisión tenga un tiempo también abreviado de diez días para expedirse y que la cuestión sea sometida a los plenarios de las Cámaras para que decidan expresamente sobre ella parecen mecanismos que innovan profundamente sobre las mencionadas prácticas anteriores.
Es importante señalar que el sentido del artículo 71 bis en cuanto establece que el Congreso deba expedirse expresamente sobre esta materia, significa que tanto para la aprobación del decreto o para su rechazo debe mediar una voluntad expresa del mismo. Los procedimientos a los que ajustará el Congreso su conducta en esta cuestión y los efectos a darse al alcance de estos decretos serán previstos precisamente por una ley que deberá dictar el Congreso, pues así lo impone la Asamblea Constituyente como mandato." (1) .
El Partido Socialista, planteó su disidencia en cuanto a la incorporación de los decretos de necesidad y urgencia en el texto constitucional. En ese sentido sostuvimos que nos oponíamos a "otorgarle la facultad de los decretos de necesidad y urgencia ya que, contrario sensu de la limitación que se quiere especificar en cuatro materias, como son la penal, la impositiva, la de los partidos políticos y el régimen electoral, ello implica la posibilidad de aplicar el tema de los decretos de necesidad y urgencia al resto de la legislación…." (2) . Inclusive la propuesta del bloque integrado por el Convencional Constituyente Dr. Guillermo Estévez Boero proponía un agregado al artículo 86 (actual 99) de la Constitución Nacional que rezaba: "Agregase al inciso 2 del artículo 86 el siguiente párrafo: El ejercicio de la potestad reglamentaria estará limitada por la política legislativa fijada por el Congreso y, en ningún tiempo o bajo ninguna circunstancia, podrá ejercer una facultad discrecional y libre para dictar los decretos o normas que a su juicio sean aconsejables o necesarios."
Sin embargo, los decretos de necesidad y urgencia fueron regulados conforme lo establecido en el artículo 99 inc. 3 C.N. que, en referencia a la potestades del Poder Ejecutivo, dispone lo siguiente: "Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
El poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el Jefe de Gabinete de Ministros.
El Jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en el plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso".
Si bien la prohibición del primer párrafo del inciso 3 que indica que el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones de carácter legislativo fue establecida como un refuerzo del principio de división de poderes que se desprende del sistema republicano establecido por el artículo 1° de la Constitución Nacional, a poco de avanzar por los siguientes párrafos, puede advertirse que dicho criterio se ve ampliamente contradicho.
De acuerdo con la opinión mayoritaria dentro del seno de la Convención, no se estaba otorgando una facultad discrecional o de uso corriente al Poder Ejecutivo ya que quedaba limitada solamente a los casos que se presenten circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de leyes. Este doble requisito y un adecuado control por parte del congreso, dispuesto el párrafo 4° del artículo, configurarían el reaseguro de que no se estaba otorgando mayores facultades al Poder Ejecutivo, en detrimento del Poder Legislativo, y de esa forma no se generaba un desequilibrio de poderes.
Lamentablemente en la realidad de los hechos se comprobó que, luego de su incorporación al texto constitucional se incrementaron de manera considerable la cantidad de actos normativos de este tipo emitidos por el Poder Ejecutivo. Así, Quiroga Lavié señala que mientras hasta el año 1989 se habían dictado 25 decretos mientras que en el período que transcurre entre 1989 y 1999 se dictaron más de 400 (3) . Por su parte durante el período 1999 a 2001 se dictaron 73 decretos de este carácter y durante el período 2003 - 2005 se dictaron unos 140 (4) . Esta situación que configuró la instauración anómala de un órgano legisferante paralelo al ordinario provocó el rechazo de autores de la talla de Bidart Campos quien sostuvo que "el panorama posterior a 1994 no sería demasiado alentador, porque lo que tantas veces fue violada antes (La Constitución Nacional) proseguía violándose después. Y tal es lo ocurrido una vez en vigor el art. 99 inc. 3° (5) .
Posteriormente a la reforma de la constitución, se hizo necesario dictar la ley que reglamentaría el control parlamentario conforme la disposición del párrafo 4 del inc 3 del artículo 99 C.N.
Debemos resaltar en este sentido que existieron muchos proyectos de ley de reglamentación, entre los que se encuentran los de los Sres. Diputados Gómez y Follloni (330-D-2000); Natale (2130 -D- 2000)¸Fernández de Kirchner (6876-D- 2000) Torres Molina (359-D-2001); Pichetto y Baladrón (995-D-2001) y Stolbizer y Otros (1336-D-2001). Todos estos proyectos obtuvieron despacho de Comisión en el mes de mayo de 2001 (OD 1949). Por su parte en el Senado de la Nación se presentaron distintas iniciativas como las de los Senadores Rubén Giustiniani (S-2166/05) y Ernesto Sanz (S- 33/06). Todas estas iniciativas han sido consideradas para la formulación del presente proyecto de ley.
Sin embargo la reglamentación de los alcances de la intervención del congreso no alcanzó a ser aprobada sino hasta el año 2006, con la sanción de la ley 26.122.
Debemos señalar que si bien la reglamentación constituyó un marco de referencia hasta entonces inexistente, el texto finalmente aprobado no respetaba la voluntad del constituyente al disponer la forma en que el congreso debía convalidar esta excepción al principio republicano de división de poderes constituido por la ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo.
En ese orden de ideas, vale destacar lo sostenido durante el debate parlamentario de la ley 26.122 por los legisladores del Bloque del Partido Socialista, precisamente por el Diputado Nacional Hermes Binner y el Senador Nacional Rubén Giustiniani.
Así, en relación a los artículos 21 y 24 de la actual ley 26.122, el Diputado Nacional Hermes Binner sostuvo: "vamos a proponer una modificación al artículo 21 del proyecto en consideración pues no creemos que sea necesario que una sola Cámara pueda frenar o modificar la utilización de un decreto de necesidad y urgencia. De esta forma la desaprobación de una de las Cámaras no modifica el decreto de necesidad y urgencia, lo que otorga un trato privilegiado sobre la propia ley que necesita de la aprobación de cada una de las Cámaras.
La modificación que proponemos dice textualmente: "Elevado por la comisión el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben darle expreso tratamiento dentro del plazo de 30 días. Si vencido dicho plazo el decreto no obtuviera aprobación legislativa expresa por parte de ambas Cámaras, quedará derogado". Y complementariamente planteamos la derogación del artículo 24" (6) .
Por su parte el Senador Rubén Giustiniani primeramente hizo mención a que el Socialismo se había opuesto en su momento a la regulación constitucional de los decretos de necesidad y urgencia. Luego señaló en su exposición dentro del recinto de la Cámara de Senadores, al referirse a la necesidad de que el congreso otorgue la aprobación con ambas cámaras a los decretos de necesidad y urgencia, sostuvo que "el congreso interviene con las dos Cámaras; porque el congreso - y está previsto constitucionalmente- interviene con las dos cámaras y forma voluntad legislativa con las dos cámaras…" (7) .
A nuestro entender, existen distintos aspectos que avalan nuestra opinión de que no se ha respetado la voluntad del constituyente en la reglamentación dispuesta por la ley 26.122. En función de estos motivos es que consideramos necesario una reforma de la ley 26.122 y es por ello que presentamos el presente proyecto de ley.
Como primera medida, es necesario señalar que la ley 26.122 regula el procedimiento de aprobación parlamentaria de una medida de carácter excepcional mediante la cual el Poder Ejecutivo ejerce una facultad que no le es propia.
En ese sentido la doctrina es unánime al conceptuarlos. De esa forma Sagüés indica que los decretos de necesidad y urgencia son aquellos "dictados por el Poder Ejecutivo sobre temas que la Constitución reserva al Congreso, sin previa autorización o delegación de éste" (8) . Bidart Campos en igual sentido señala que los reglamentos de necesidad y urgencia son "los que se dictan sobre materias propias de la competencia legislativa, cuando una urgencia súbita exige emitir las normas que el congreso no ha dictado, o suplirlo lisa y llanamente. La necesidad y la urgencia son las razones justificante para consentir que ese margine la división de poderes, y que el ejecutivo ejerza una función del congreso." (9) . Por su parte, Quiroga Lavié, destaca que las notas de necesidad y urgencia son las que exigen su adopción "y justifica la transitoria postergación del postulado de división de poderes, precisamente para evitar un mal mayor generado por la "necesidad y urgencia" (10) .
Se desprende en consecuencia, que en estos casos el Poder Ejecutivo ejerce una facultad que, por imperio del principio de división de poderes establecido por el sistema republicano (art. 1° C.N.), es privativa de otro órgano (en este caso el Poder Legislativo). Como nota distintiva, el acto emanado en tal ocasión, es provisorio y debe ser sometido a la aprobación del órgano que originariamente tiene la facultad para emitirlo. Esta nota de provisoriedad del acto es señalada, como hemos visto, tanto por Bidart Campos como por Quiroga Lavié, quien a partir de un examen del derecho comparado nos indica que en diversos países estos excepcionales actos se emiten en forma provisoria. Tal el caso de la Constitución de Italia de 1947, la de Brasil de 1988 y la de España de 1978. En todos estos países las normas dictadas en supuestos excepcionales por el Poder Ejecutivo tienen carácter transitorio hasta tanto se pronuncie sobre ellas el poder Legislativo.
Asimismo es necesario resaltar la nota de excepcionalidad de la situación que habilita al Poder Ejecutivo a emitir un acto de tal naturaleza.
En ese preciso sentido, los precedentes de la Suprema Corte han sido claramente orientadores. Así en Verrocchi (11) se sostuvo que para emitir validamente un decreto de necesidad y urgencia debe configurarse alguna de estas circunstancias: que sea imposible dictar una ley mediante el trámite común previsto por la Constitución, o que la situación que requiere una solución legislativa sea de tal urgencia que deba resolverse inmediatamente, en un plazo incompatible con el propio de trámite normal de las leyes. En el caso Leguizamón a su vez ha sido más estricta y sostuvo que "únicamente en situaciones de grave trastorno que amenacen la existencia, la seguridad o el orden público o económico, que deben ser conjuradas sin dilaciones….( que configuren) un estado de excepción y el impedimento a recurrir al sistema normal de formación y sanción de leyes…" (12) .
Por su parte es interesante remarcar los pronunciamientos del Tribunal Constitucional Español en la materia, que nos aportan un importante marco de referencia sobre el requisito de urgencia al sostener que ella se presenta "en los casos en que hay que alcanzar los objetivos marcados por la gobernación del país, que por circunstancias difíciles o imposibles de prever, requieren una acción normativa inmediata o en que las coyunturas económicas exigen una rápida respuesta" (13) . En ese sentido, Carmona Contreras explica que "la urgencia no sólo se refiere a una inherente e intrínseca dimensión temporal de la intervención normativa, indicando la oportunidad de su rapidez y la ventaja de actuar inmediatamente. Debe existir una necesidad, cuya superación se presenta como improrrogable en el tiempo, no consistiendo, para el logro de tal fin, recurrir a los procesos normales previstos" (14) .
Es preciso ser estrictos en los requisitos que deben configurarse para que la situación sea excepcional. Esto no ha sido tenido en cuenta a la hora de legislar sobre la materia ya que el texto de la ley 26.122 ni siquiera ha previsto que el poder ejecutivo, en su mensaje de elevación del decreto precise las razones excepcionales que hicieron imposible transitar los pasos constitucionalmente establecido para la formación y sanción de leyes.
A ese respecto consideramos adecuado que la legislación que regula la aprobación establezca la obligación del Poder Ejecutivo de explicitar la configuración de los requisitos formales y sustanciales que determinaron la emisión del decreto de necesidad y urgencia. Para ello es también orientador la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español en cuanto a los recaudos que debe tomar el Poder Ejecutivo en cuanto a la fundamentación del decreto teniendo en cuenta que no debe consistir en argumentos marcadamente teóricos o abstractos que impidan el control de contraste con la realidad. Así se entendió en un caso que hablar de la "cambiante situación económica internacional" o de "nuevas oportunidades variadas que (…) en etapas anteriores" supone la utilización de fórmulas rituales de una marcada abstracción y, por ello, de prácticamente imposible control constitucional" (15) .
Es por esa razón que sostenemos la idea de que el decreto debe contener una adecuada fundamentación que explique en forma clara y concreta cuál es la situación excepcional y las razones de necesidad y urgencia que motivaron una medida de tal magnitud. Asimismo esos fundamentos orientan al órgano legislativo para poder ejercer un adecuado control y ratificar la medida o rechazarla y derogarla.
Por otra parte consideramos que el constituyente, pese a la inapropiada técnica legislativa que torna confusa la redacción del inciso 3°, ha querido dar esa nota de provisionalidad a los decretos de necesidad y urgencia. Para ello estableció un complejo mecanismo de aprobación de los decretos de necesidad y urgencia a cargo del congreso.
En ese orden de ideas, es importante señalar que el mismo miembro informante, Convencional García Lema, nos indica que es el Congreso el que "deba expedirse expresamente sobre esta materia", y abunda aún más al decir que ello "significa que tanto para la aprobación del decreto o para su rechazo debe mediar una voluntad expresa del mismo". Luego continúa hablando sobre el procedimiento, pero es clara la interpretación auténtica en cuanto a que se refiere al congreso como órgano encargado de prestar la aprobación, claro está, mediante el procedimiento que la ley establezca.
Así, autorizada doctrina ha entendido que "el texto constitucional (art. 99 inc. 3) permite concluir que si cada cámara debe tratar de modo expreso y de inmediato el despacho que les eleve la Comisión Bicameral, eso significa que el inciso ha previsto un trámite específico para el análisis por el Congreso de los referidos decretos[...] Además, el tratamiento "de inmediato" lleva a entender que basta una simple aprobación por cada sala, para que el decreto de necesidad y urgencia quede convalidado, sin seguir el tramite regular de sanción de las leyes. A su vez, bastaría que una cámara lo rechace para que el decreto quede muerto". (16)
En mismo sentido Gelli, al abordar la cuestión sobre las características que debe tener la ley reglamentaria del procedimiento de aprobación de los decretos de necesidad y urgencia, sostenía que "si el dictamen fuese observado y el decreto de emergencia fuese rechazado por alguna de las Cámaras, se entenderá rechazado por el Congreso, pues de darse la hipótesis de rechazo por parte de una de las cámaras, no existiría voluntad ratificatoria del cuerpo legislativo (17) .
Cabe resaltar en esta importante cuestión que la propuesta del Partido Socialista, al tratarse la ley 26.122 fue la de que el decreto obtenga aprobación de ambas cámaras con un plazo determinado para su tratamiento a los efectos de que la medida no tenga una vigencia prolongada sin la adecuada ratificación.
En función de lo que hemos venido exponiendo, consideramos que existen determinados aspectos de la ley 26.122 que no cumplen acabadamente con la voluntad del constituyente al reconocer la facultad del Poder Ejecutivo de emitir decretos de necesidad y urgencia. Por ello hacemos una propuesta de modificación de la normativa vigente.
En este orden queremos señalar que continuamos sosteniendo que, dado el carácter provisorio de la medida, debe ser el Congreso por medio de la aprobación de sus dos cámaras quien expresamente apruebe la medida, pues de lo contrario no se verifica la voluntad legislativa. A ello agregamos un plazo máximo para el tratamiento por parte del Congreso a los efectos de que la medida no quede vigente sin aprobación legislativa. En ese mismo sentido se ha previsto en nuestra propuesta que en el supuesto de que el Congreso de la Nación se encuentre en receso, juntamente con el mensaje de elevación del decreto se llame a sesiones extraordinarias.
Asimismo consideramos sumamente relevante que el poder ejecutivo, al dictar la medida explique en forma concreta cuál es la situación excepcional y las razones de necesidad y urgencia que hicieron imposible, en el caso concreto, transitar el procedimiento ordinario de formación y sanción de las leyes.
Hemos considerado que debe existir una sanción para el caso de omisión del envío del decreto al Congreso para su tratamiento puesto que ello dificulta el control por parte del Congreso y resulta indiciario de la inexistencia de los requisitos de necesidad y urgencia que motivan la medida.
Para finalizar proponemos ampliar la participación de los sectores políticos en el seno de la Comisión Bicameral Permanente por medio de la ampliación de su número de integrantes a 15 por cada cámara tal cuál se había previsto en el proyecto del Senador Giustiniani, previéndose también la posibilidad de contar con suplentes que participen de las reuniones de la comisión en el caso de ausencia de los respectivos titulares.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
(1) Exposición del Convencional Constituyente García Lema. Diario de Sesiones 18ª Reunión de la Convención Nacional Constituyente - 3ª Sesión Ordinaria 27° de julio de 1994
(2) Exposición del Convencional Constituyente Guillermo Estévez Boero. Diario de Sesiones 21ª Reunión de la Convención Nacional Constituyente - 3ª Sesión Ordinaria 1° de agosto de 1994.
(3) QUIROGA LAVIÉ, BENEDETTI Y CENICACELAYA Derecho Constitucional Argentino Ed. Rubinzal Culzoni Sta Fe. 2009 Tomo II pag. 1188.
(4) IRIARTE LUIS "Decretos de necesidad y Urgencia en el Presidencialismo Argentino" LL - 2005 - E, 935
(5) BIDARTCAMPOS GERMAN J. Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino Ed. Ediar Bs. As.año 2005 pag. 305.
(6) De la exposición del Diputado BINNER HERMES JUAN 23a. Reunion - 16a. Sesion ordinaria del 20/07/2006
(7) De la exposición del Senador GGIUSTINIANI RUBEN Sesion ordinaria del 06 y 07/07/2006
(8) SAGÜÉS NESTOS P. Manual de Derecho Constitucional Ed. Astrea Bs. As. Año 2007. pag. 386
(9) BIDARTCAMPOS GERMAN J. Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino Ed. Ediar Bs. As.año 2005 pag. 302.
(10) Op cit. pag 1187
(11) CSJN Fallos 322: 1726
(12) CSJN Fallos 327: 559
(13) PIZZOLO CALOGERO "El Control del Carácter Extraordinario y Urgente de los Decretos - Leyes por el Tribunal Constitucional Español LL- 2007- E, 1190.
(14) CARMONA CONTRERAS, A. M. "La configuración Constitucional del Decreto - Ley" CEPC, Madrid, 1997 pag. 103. Citado Por PIZZOLO. Op cit
(15) PIZZOLO Op cit.
(16) SAGÜES Op cit. pag.389.
(17) GELLI MARÍA A. Constitucion de La Nación Argentina Comentada y Concordada Ed. La Ley Año 2009 Tomo II pag. 369.
Los presidentes del GEN y del Partido Socialista, Margarita Stolbizer y Rubén Giustiniani, debatieron hoy durante toda la mañana en un hotel de la Capital con sus respectivos bloques de legisladores y acordaron sumar fuerzas y acciones en el Congreso así como también definir una estrategia parlamentaria común.
La diputada nacional por el Partido Socialista de Santa Fe, Alicia Ciciliani, solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que “arbitre las medidas necesarias para normalizar el abastecimiento de combustibles, que está causando graves inconvenientes en todo el país”.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la diputada nacional por el Partido Socialista Alicia Ciciliani propuso “incorporar una mirada de género sobre los presupuestos públicos, para asignar partidas que permitan la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres”.
Alicia Ciciliani expresó también que quienes integran el Congreso de la Nación “no fueron elegidos por sorteo, sino por el voto de la gente”