Cada vez más jubilados se quedan sin cobertura en sus lugares de residencia

septiembre 18, 2017

pamiFirmat, San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Capitán Bermúdez y otras ciudades se vieron afectadas desde el 1º de junio.

a atención a los afiliados al Pami en la región entró en una crisis que deja cada vez a más jubilados sin atención en sus lugares de residencia. Desde que el 31 de mayo la prestadora de salud Medicina Ambulatoria SA, cortara abruptamente los servicios que brindaba en el Instituto Médico Regional, miles de jubilados de San Lorenzo se sumaron al largo listado de pacientes que ya no pueden atenderse en sus propias ciudades. Algo que ocurrió también en Firmat, donde el sanatorio local no aceptó los nuevos términos de contratación, y en Villa Gobernador Gálvez, con el Gomara, que perdió la cápita de la obra social de los pasivos y quedó al borde del cierre.

Instituciones y medios de comunicación de San Lorenzo dieron la voz de alarma. El 1º de junio de este año los afiliados a Pami de esa ciudad se encontraron conque ya no se sostenían más los servicios privados de internación con los que contaban. Un día antes, el Grupo Masa había cortado la prestación acusando a la obra social por el atraso en los pagos. Ante esto, los servicios se deterioraron, crecieron las quejas y el Pami recortó el contrato con la prestadora.

Masa había alquilado parte del edificio del Instituto Médico Regional (IMR), para cumplir con las internaciones, pero dejó abultadas deudas. El mismo IMR había interrumpido anteriormente la atención a los jubilados y desde hace dos años mantiene un pleito judicial con la obra social.

A Rosario o al hospital

Ante esta perspectiva, los afiliados se ven obligados a internarse en sanatorios rosarinos, a los que tienen que ser trasladados en ambulancias, y donde a veces cuesta conseguir plazas. O si no, atenderse en la salud pública. Para tener idea de la dimensión del problema, basta recordar que el 29 de junio, el ministro de Salud de la provincia, Miguel González, denunció que más de 18 mil usuarios que cuentan con Pami, y que hasta el año pasado se atendían con efectores privados de salud, se pasaron en lo que iba del año a los hospitales públicos de la provincia

“Tal es la situación límite que las autoridades del tradicional sanatorio sanlorencino salieron a ofrecer un servicio alternativo para que los afiliados de Pami dispongan, previo pago de un accesible abono mensual, de internación, atención de especialidades y estudios como radiología y ecografía, por 48 horas, para utilizarlos antes que se les confirme el nosocomio en Rosario donde terminarán siendo derivados”, publicó el diario digital SL24.

El de San Lorenzo no es el único caso. Para la misma fecha en que la atención se resintió en esa ciudad, a 132 kilómetros de ahí y a 109 kilómetros de Rosario, entre 8 mil y 9 mil afiliados a Pami perdieron la atención médica que les brindaba el Sanatorio Firmat, que rechazó el sistema de contratación propuesto por la obra social a todos los sanatorios de la provincia. Esto hizo que comenzaran a derivarse los pacientes a Venado Tuerto, Casilda, y hasta el mismo hospital local se puso en alerta frente a una posible afluencia de pacientes.

Pami cuenta en Firmat y su zona de influencia con casi 9 mil afiliados a los que garantizaba la cobertura asistencial, eficiente por cierto, que brindaba el sanatorio Firmat. Esta empresa rechazó el contrato que proponía Pami y decidió no seguir prestando el servicio.

Tal como lo publicó oportunamente LaCapital, el sanatorio envió en aquel momento un comunicado a los medios en el sostenía que “el Pami ha rescindido unilateralmente todas las relaciones contractuales vigentes con sus prestadores mediante resolución del instituto de fecha 4 de abril de 2017 (Res.0395/2017). Y agregaba que la obra social “impuso, en forma unilateral, una nueva modalidad de prestación por cápita que a nuestro entender implicaría un retroceso en la atención y en la calidad de la misma que va en contra de los principios de nuestra institución”.

En aquel entonces, la Delegación IX (UGL 9) de la obra social estaba en manos de Milva Sánchez, quien dijo que el sanatorio firmatense era “el único que no aceptó la nueva contratación”.

Poco tiempo después, Milva Sánchez fue apartada del cargo. Hace pocos días asumió como interventor Arístides Lasarte, quien desembarcó en Firmat para mantener una reunión en el centro de jubilados donde se comprometió a “gestionar y dar una solución a corto plazo”. Eso fue este mes, cuando jubilados autoconvocados de Firmat protagonizaron una parodia ante las puertas de la sede de Pami para renovar su reclamo en busca de soluciones a los problemas prestacionales.

Volviendo atrás, lo que parecían hechos aislados en distintos puntos de la provincia resultaron no ser tanto, sino más bien parte de una misma política, que se inició a principios de mayo cuando la obra social puso en marcha una renegociación con las clínicas y laboratorios que sacudió al sector asistencial.

Nada es aislado

Es que, mientras San Lorenzo y Firmat se quedaban sin atención privada, en Villa Gobernador Gálvez el Sanatorio Gomara dejaba de recibir las cápitas del Pami.

El del Complejo Comunitario Ingeniero Enrique Gomara es otro caso emblemático. Es el único efector privado con tercer nivel de atención en el sur del departamento Rosario. Administrado hasta el 2013 por el Instituto Dorrego, que tenía la cápita de la Unión Obrera Metalúrgica, su gerenciamiento pasó a manos de Masa, la misma que internaba a los jubilados de San Lorenzo. Los problemas administrativos ya venían de antes, el sanatorio había dejado de pagar unos vales que le correspondían al personal por convenio, pero desde junio comenzó la debacle.

Tal como lo publicó este diario el 18 de agosto, el Gomara quedó literalmente a la deriva, dejaron de funcionar los servicios médicos, se quedó sin guardia y sin pacientes, y los más de 60 empleados, entre enfermeras, paramédicos y administrativos, quedaron librados a su suerte. El Gomara atendía, antes de junio, a unos 7.200 jubilados, según fuentes del personal.

En medio de estos casos, el juez federal Sebastián Casanello inició una investigación, a instancias del fiscal Guillermo Marijuan, para establecer presuntas irregularidades vinculadas a los contratos prestacionales realizados por el Pami.

En el marco de esta investigación, la diputada nacional Alicia Ciciliani prestó declaración en calidad de testigo, expuso en el expediente toda la información que viene recogiendo en los centros de jubilados de la región, y hasta dejó una carta de los centros de jubilados de Capitán Bermúdez, dirigida al presidente de la Nación, Mauricio Macri.

“Un plan de ajuste”

En diálogo con La Capital, la legisladora explicó que la Justicia está buscando si hubo delito en el accionar de los funcionarios públicos, y expuso su propia posición: “Yo no sé si hubo delito, pero sí puedo decir que hubo una improvisación, irresponsabilidad y desconocimiento del territorio. Y es terrible, porque si aquí te equivocás o actuás negligentemente, ponés en riesgo la vida de las personas”.

A su juicio, los casos de San Lorenzo, Firmat, Casilda y Villa Gobernador Gálvez “forman parte de un plan de ajuste donde se buscó bajar costos sin evaluar las consecuencias en el servicio. Primero lo hicieron con los médicos, dieron de baja a los de cabecera y recontrataron, después dieron de baja a los odontólogos e hicieron nuevos contratos que no cubren los costos de los materiales. Pero cuando se metieron con los sanatorios, tocaron directamente el nervio del sistema, porque cuando el afiliado va al hospital, es porque tiene un problema serio. Eso fue lo que pasó en Casilda, donde le dieron de baja a Primordial e hicieron contratos con los Samco de Arteaga y San José de la Esquina, que no tenían los niveles de atención necesarios que requerían los afiliados. Ahí saltó el escándalo y comenzó a intervenir la Justicia de oficio”.

Así las cosas, los afiliados al Pami que no pueden atenderse en sus lugares de residencia ya estarían sumando más de 34 mil sólo en el sur provincial. Por distintos motivos, víctimas de diferentes realidades, todos se ven en la misma disyuntiva: tener que emigrar a otras ciudades para satisfacer un derecho tan elemental como el de la salud.

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